Los gobiernos oligárquicos
Durante las últimas décadas del siglo XIX, en las diferentes regiones de América Latina se consolidaron los estados nacionales y se constituyeron gobiernos que representaban a la oligarquía. Esta plabra hace referencia a un pequeño grupo de personas que por la posición dominante que ocupa en el plano económico logra controlar las decisiones que se toman en el plano político. Los gobiernos oligárquicos hicieron suyos los intereses de los inversores extranjeros, que privilegiaban el orden interno (ausencia de guerras y enfrentamientos políticos o sociales) como condición necesaria para el crecimiento económico. Las oligarquías gobernaban o reclamaban que se gobernase en nombre de sus propios intereses económicos. Eran los beneficiarios del crecimiento de las exportaciones y del comercio. Consideraban que el gobierno tenía que promover el progreso, asegurando el orden interno por las armas y la expansión de las comunicaciones (ferrocarril y telégrafo).
Su búsqueda de autoridad política a finales del siglo XIX tomó dos formas básicas. En una, los terratenientes y otras élites económicas tomaron el control del gobierno de forma directa, como en Argentina y Chile. Querían construir gobiernos fuertes, por lo habitual con apoyo militar. Cuando se permitía la competencia electoral entre partidos políticos que representaban a las diferentes facciones de la clase dirigente, se aseguraban la exclusión de la mayoría de la población, limitando los derechos políticos por la vía del estableciomiento de una renta mínima para ser elector. También se aseguraban los resultados electorales más favorables a sus intereses mediante el fraude en las votaciones.
En la otra forma, la autoridad política se logró con la imposición de dictadores fuertes, a menudo con cargos militares, para asegurar la ley y el orden en beneficio de las clases altas terratenientes, los comerciantes enriquecidos y los inversores extranjeros. Porfirio Díaz en México, que gobernó dictatorialmente de 1876 a 1911, es el ejemplo más notable, pero el modelo también apareció en Venezuela, Perú y otros países. En contraste con la gobiernos oligárquicos donde las élites ejercían el poder político directo, aquí se trataba de la aplicación indirecta de su autoridad mediante dictadores que no solían provenir de los estratos más altos de la sociedad. En Uruguay se combinaron las dos formas, primero durante el "Militarismo", entre 1876 y 1890, y después, durante el "Civilismo" de 1890 a 1911.
Lo importante para los gobiernos oligárquicos era la estabilidad y el control social. Se suprimieron los grupos disidentes y se contuvo la lucha por el poder dentro de círculos restringidos. Sin duda, una de las metas básicas de estos regímenes era centralizar el poder, si era necesario quitándoselo a los caudillos regionales, y crear estados-nación poderosos y dominantes.
El desarrollo de las economías de importación en los países de América Latina generó condiciones para que los gobiernos pudiesen consolidar la autoridad del Estado, centralizando la toma de decisiones en la capital y gobernando desde allí el resto del país. Esto fue posible porque el aumento de las exportaciones y las importaciones permitió el aumento de las rentas de los estados nacionales, cuyas finanzas dependían de los impuestos que cobraban al comercio exterior. El Estado, aedmás, pudo conseguir préstamos en el exterior contando con el respaldo de una recaudación impositiva en aumento. Con estos recursos, los gobiernos se aseguraron la lealtad de sus ejércitos, realizaron obras públicas y pudieron pagar los sueldos de sus funcionarios.
La estabilidad política se consideraba algo esencial para atraer la inversión extranjera que, a su vez, estimularía el crecimiento económico y cuando llegaba la inversión, ayudaba a fortalecer las fuerzas de la ley y el orden. Los ferrocarriles son un ejemplo: los inversores extranjeros se resistían a colocar sus fondos en un país amenazado por el desorden político; pero una vez que se construían los ferrocarriles, como en el caso de México, se convertían en instrumentos importantes para consolidar la autoridad central, ya que podían usarse (y lo fueron) para despachar tropas federales a sofocar levantamientos en casi cualquier parte de la nación.
Su búsqueda de autoridad política a finales del siglo XIX tomó dos formas básicas. En una, los terratenientes y otras élites económicas tomaron el control del gobierno de forma directa, como en Argentina y Chile. Querían construir gobiernos fuertes, por lo habitual con apoyo militar. Cuando se permitía la competencia electoral entre partidos políticos que representaban a las diferentes facciones de la clase dirigente, se aseguraban la exclusión de la mayoría de la población, limitando los derechos políticos por la vía del estableciomiento de una renta mínima para ser elector. También se aseguraban los resultados electorales más favorables a sus intereses mediante el fraude en las votaciones.
En la otra forma, la autoridad política se logró con la imposición de dictadores fuertes, a menudo con cargos militares, para asegurar la ley y el orden en beneficio de las clases altas terratenientes, los comerciantes enriquecidos y los inversores extranjeros. Porfirio Díaz en México, que gobernó dictatorialmente de 1876 a 1911, es el ejemplo más notable, pero el modelo también apareció en Venezuela, Perú y otros países. En contraste con la gobiernos oligárquicos donde las élites ejercían el poder político directo, aquí se trataba de la aplicación indirecta de su autoridad mediante dictadores que no solían provenir de los estratos más altos de la sociedad. En Uruguay se combinaron las dos formas, primero durante el "Militarismo", entre 1876 y 1890, y después, durante el "Civilismo" de 1890 a 1911.
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| Porfirio Díaz, México, 1910 |
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| Máximo Santos y el militarismo en Uruguay, óleo de Juan Manuel Blanes, 1885 |
Lo importante para los gobiernos oligárquicos era la estabilidad y el control social. Se suprimieron los grupos disidentes y se contuvo la lucha por el poder dentro de círculos restringidos. Sin duda, una de las metas básicas de estos regímenes era centralizar el poder, si era necesario quitándoselo a los caudillos regionales, y crear estados-nación poderosos y dominantes.
El desarrollo de las economías de importación en los países de América Latina generó condiciones para que los gobiernos pudiesen consolidar la autoridad del Estado, centralizando la toma de decisiones en la capital y gobernando desde allí el resto del país. Esto fue posible porque el aumento de las exportaciones y las importaciones permitió el aumento de las rentas de los estados nacionales, cuyas finanzas dependían de los impuestos que cobraban al comercio exterior. El Estado, aedmás, pudo conseguir préstamos en el exterior contando con el respaldo de una recaudación impositiva en aumento. Con estos recursos, los gobiernos se aseguraron la lealtad de sus ejércitos, realizaron obras públicas y pudieron pagar los sueldos de sus funcionarios.
La estabilidad política se consideraba algo esencial para atraer la inversión extranjera que, a su vez, estimularía el crecimiento económico y cuando llegaba la inversión, ayudaba a fortalecer las fuerzas de la ley y el orden. Los ferrocarriles son un ejemplo: los inversores extranjeros se resistían a colocar sus fondos en un país amenazado por el desorden político; pero una vez que se construían los ferrocarriles, como en el caso de México, se convertían en instrumentos importantes para consolidar la autoridad central, ya que podían usarse (y lo fueron) para despachar tropas federales a sofocar levantamientos en casi cualquier parte de la nación.
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